La Gran Biblioteca de los Lectores Muertos

La Gran Biblioteca de los Lectores Muertos, dotada desinteresadamente por los lectores del mundo que legaran sus tomos a su muerte, fue, en su origen, algo similar a esos Testamentos Vitales en los que, voluntariamente, cada cual puede decidir su final, evitando el dolor, y lo que será de sus restos mortales.

Por abreviar, lo mismo que una persona podía donar sus restos corporales a la ciencia, podía regalar sus restos intelectuales, en forma de libros, a dicha gran biblioteca con vocación universal. El proyecto no pretendía ser modesto, ni mucho menos.

Sin embargo, la idea, que surgió de muchos y de ninguno, generó enseguida apasionadas controversias.

En primer lugar surgieron intereses económicos. A las editoriales no les pareció una idea acertada, pues estas empresas veían en la iniciativa un reciclaje de textos que, oculto en el propósito, mermaría sus ediciones y, sobre todo, sus reediciones. Consecuentemente, disminuiría el negocio y se producirían despidos brutales en el sector. A todas luces representaba una competencia desleal y, además, habría de destinársele un emplazamiento gigantesco, un gran número de cuidadores y administrativos y, todo ello, supondría un gasto enorme para el erario público. Evidentemente era una idea alarmante, por antieconómica y destructora del tejido vital y creador de empleo. Un proyecto, concluyeron los directivos de las grandes editoriales, cercano al comunismo más salvaje y anacrónico. Los libros patrimonio de todos. Era inaudito.

Por otro lado, y al menos en España, todas las Comunidades Autónomas, sin despreciar la iniciativa, alzaron su voz unánimemente contra el intento, a todas luces desaforado, de una centralización cultural y, de inmediato, propusieron la creación de dicha biblioteca a nivel autonómico, de modo que pasase a llamarse Gran Biblioteca de los Lectores Muertos Castellano-Manchegos, Murcianos, Cántabros, etc. Pues, siendo cada día más conscientes de que España es un país de naciones, no convenía destrozar tan burdamente sus singularidades más sutiles.

También las confesiones religiosas, tradicionales defensoras de la cultura y la ciencia, dijeron que la idea les parecía tendenciosa y homogeneizadora pues, bajo el común nombre de lectores, se amalgamarían personas de muy distintas ideologías, y por ende de muy distintas lecturas, y que eso daría lugar a que estas bibliotecas fuesen un tótum revolútum en el que nadie supiera qué terreno pisaba, ideológicamente hablando. Así que propusieron que esa biblioteca, sobre estar descentralizada, no fuese una, sino varias o, mejor, muchas. Y puntualizaron que los lugares idóneos para dichas bibliotecas fuesen edificios anejos a los cementerios, de modo que los libros de los finados tuvieran asiento físico cerca de los restos de éstos y reposasen cerca de sus huesos. Así serían conocidas como, verbigracia: Gran Biblioteca de los Lectores Muertos Egabrenses Católicos, Tolosarras Musulmanes, Pacenses Protestantes, etc.

Hubo, con respecto a este último comunicado, enérgicas protestas de colectivos de ateos que se consideraban discriminados por no contar con cementerios propios y ser enterrados de modo que ellos llamaban “transversal”, por dar con sus restos habitualmente en el lugar más cercano a su defunción. No menores fueron las críticas de los que pensaban incinerarse, por temer que sus libros siguieran su camino.

Los ayuntamientos, al avizorar el incipiente fenómeno cultural, también levantaron su voz. No veían con buenos ojos que el patrimonio bibliográfico que, tras su deceso, dejaran sus empadronados se les enajenara por las distintas confesiones y, menos, por la comunidad histórica en la que estaban enclavados y, aún mucho menos, por el avasallador Estado. Pues era bien sabido, no sólo que cada comunidad tuviera su propia diferenciación cultural inalienable, sino que cada municipio presentaba una idiosincrasia genuina y exclusiva e, incluso, los diferentes barrios, dentro de ellos, eran abismalmente distintos, culturalmente hablando. Y, así, proponían que fuesen las asociaciones de vecinos de la localidad las que administrasen dichas bibliotecas por barrios. De modo que pasarían a llamarse, por ejemplo: Gran Biblioteca de los Lectores Muertos del Barrio de Pintahuevos de Guarromán, del Barrio de Salsipuedes de Cercadillo, del Barrio de la Cuesta Rompeculos de Sigüenza, etc. Que si ya era difícil salvaguardar las diferencias abismales e insondables entre comunidades, mucho más lo era el tener una clara delimitación entre las que diferenciaban a los barrios entre sí. Qué lejos estaban los gobernantes de lo que constituía la sutil esencia de cada villa. Era inconcebible su insensibilidad, su falta de finura intelectual.

Distintas ONGs, previa subvención estatal, intentaron adueñarse de la idea y reivindicaron, para llevarla a cabo, la concesión de mastodónticos edificios e incluso de aeropuertos que durante los últimos años se habían edificado y carecían de uso.

Aquella idea, que en mala hora presentara el ministro, se convirtió para él en una fuente de problemas. Y, viendo que ni a los muertos se les podía permitir hacer su voluntad, creó un impuesto sobre las transmisiones y donaciones de libros post mórtem. Esta tasa había de pagarla el testador en vida. Y con este nuevo impuesto, llamado Impuesto de Transmisión Bibliográfica, zanjó el asunto. La transmisión de libros redundaría en beneficio del Tesoro. Todo seguiría igual que estaba pero, a la vista de las controversias, se había creado un nuevo impuesto. A ver si escarmentaban. Esto era lo único bueno que el señor ministro pudo sacar de la primitiva idea. En ninguna parte del mundo prosperó el proyecto, pero, en España, se hizo de la necesidad virtud y el problema que se generó se convirtió en una fuente inesperada para Hacienda.

Las almas más románticas, altruistas y nobles quedaron anonadadas y desalentadas. Pero, qué difícil es aceptar las decisiones de los que nos gobiernan. Por justas y acertadas que éstas sean. Siempre lo he sostenido.